Maha Mamo asegura que la apatridia convierte la vida de las personas en un desafío permanente

SANTO DOMINGO. – Durante los primeros 30 años de su vida, la defensora de derechos humanos Maha Mamo, nacida en El Líbano de padres sirios, vivió como apátrida y esa condición legal la privó de sus sueños de ser baloncestista profesional y médica, pero también le dificultó el acceso a educación básica y a la salud.

Al dictar la conferencia inicial en la XI Conferencia Dominicana de Estudios de Género “Construcción de Conocimientos para la Igualdad”, que organizó el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Mamo aseguró que no tener documentos convierte la vida de las personas en un desafío permanente.

La conferencista internacional abogó por que todos los países del mundo creen políticas que favorezcan legalmente a los migrantes, refugiados y personas apátridas, y lamentó que actualmente hay cerca de 10 millones de personas en el mundo sin nacionalidad.

Maha, nacida en 1988 siendo la segunda hija de tres, pensaba que la situación de ella y su hermana Souad y su hermano Eddie, era un caso único. Desconocía por completo el término apátrida, pero contó que sabía que lucharía hasta que ella y sus hermanos tuvieran documentos.

Escribió a las autoridades de El Líbano para que le otorgaran la nacionalidad por haber nacido en ese territorio y le fue negada por ser hija de padres sirios. En Siria tampoco le dieron el reconocimiento porque el matrimonio de sus padres era ilegal para las leyes de ese país por tratarse de una mujer musulmana y un hombre cristiano, y “lamentablemente en Siria una madre o un padre no pueden declarar a sus hijos si no existe un matrimonio legalmente constituido”, contó Mamo a la audiencia presente y a la que siguió la conferencia a través del canal de YouTube de INTEC.

En 2014, luego de haber buscado ayuda en gran parte de los países del mundo, Brasil fue el único país en responder su llamado de ayuda, siendo ella y sus hermanos admitidos en su territorio como solicitantes de asilo. Un mes después de que se les fuera reconocida la condición de refugiados apátridas, su hermano fue asesinado en un asalto a sus 26 años. Las autoridades de Brasil le permitieron elaborar un registro de defunción, aunque murió sin una nacionalidad. En 2018, el país suramericano luego de cambiar sus leyes de migración incluyó todo un apartado referente a la apatridia generando mecanismos para superarla, por lo que le otorgó la ciudadanía a Mamo.

Sobre la Conferencia de Estudios de Género

La conferencia tuvo como tema central “La Movilidad Humana, una mirada de género a los desafíos y desigualdades en los nuevos contextos migratorios: Trata de personas, Nacionalidad y Refugio en RD”, con el propósito abordar y caracterizar el fenómeno de la migración a nivel internacional y nacional, centrada en la consideración del enfoque de género, de los derechos humanos y la nueva gobernanza migratoria en la República Dominicana.

En su intervención durante la apertura de la actividad académica, el rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez precisó que el Centro de Estudio de Género es un emblemático ejemplo del compromiso del INTEC de contribuir a la transformación social y el desarrollo sostenible del país mediante la formación de ciudadanos socialmente responsables y competentes profesionalmente, el desarrollo de la cultura, la investigación y la divulgación científica y tecnológica.

“Desde su nacimiento, en 1972, casi como una osadía, siendo aún una institución incipiente, un neonato, INTEC constituyó dos centros para canalizar sus contribuciones y vinculaciones con la sociedad, el Centro de Estudios Educativos (CEDE) y el Centro de Estudios y Asistencia Técnica (CEAT). El Centro de Estudios de Género se inscribe en esa tradición y ha ganado un posicionamiento del cual nos sentimos orgullosos, gracias a la dedicación, el compromiso y la combatividad de sus dirigentes e integrantes a lo largo de su fructífera trayectoria, en defensa y promoción de los derechos humanos y sociales en general y de la equidad de género en particular”, dijo.

Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género, afirmó que ser migrante pone a las personas en condiciones de vulnerabilidad, incluso para acceder a un programa de salud. “Movilizarse y buscar mejores destinos y la aspiración de que la migración sea con dignidad debe ser un derecho garantizado”, manifestó.

Melecia Almonte, viceministra de Coordinación Intersectorial del Ministerio de la Mujer, dijo que, ante los cambios ocasionados por el COVID, se hace cada vez más relevante presentar iniciativas dirigidas hacia las personas migrantes y refugiadas, para garantizar sus derechos.

De acuerdo con datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una de cada 97 personas en el mundo es afectada por el desplazamiento forzado. Esto representa el uno por ciento de la humanidad. Las consecuencias de las emergencias humanitarias de nuestra era son aún más graves por el hecho de que coexisten con una emergencia sanitaria. Cuando el mundo necesita que nos quedemos en nuestras casas para controlar la propagación del nuevo coronavirus, millones de familias enfrentan situación de extrema vulnerabilidad y han sido obligadas a dejar su hogar.

En tanto que, Gabriel Gualano De Godoy, jefe de misión del ACNUR para República Dominicana, indicó que desde Naciones Unidas trabajan de manera conjunta y complementaria con los países del mundo, incluyendo República Dominicana, para promover la adopción de políticas de protección integral y desarrollo equitativo, sin discriminación.

“Si trabajamos para no dejar a nadie atrás, tenemos que preguntarnos quiénes son las personas que se están quedando más atrás. En muchas sociedades, las mujeres y las niñas enfrentan discriminación y violencia todos los días, solo por su género. Durante el desplazamiento, este problema aumenta. Las mujeres y las niñas representan alrededor del 50% de la población refugiada, desplazada internamente o apátrida”.

Una respuesta adecuada demanda alianzas para responder a las causas del desplazamiento e indocumentación, así como reforzar las políticas estructurales de equidad, protección social y ciudadanía de estas poblaciones.

Fuente: INTEC