Informe de la Republica Dominicana para la evaluación de la implementación de los Capítulos II y V de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

Palabras del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas

Es un gran honor para mí recibir de manos del Presidente el informe de Republica Dominicana relativo a la verificación de la implementación por parte del país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el principal instrumento jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción a nivel global. Fue aprobada por la Asamblea General en octubre de 2003 y entró en vigor en diciembre de 2005, con un amplio compromiso y determinación por parte de los Estrados miembro, de la comunidad internacional y de nuestra Organización.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya sede se encuentra en Viena, Austria, es el depositario de la Convención y es la principal instancia especializada de Naciones Unidas que ofrece asistencia técnica en su implementación.

La República Dominicana ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 26 de octubre de 2006. La Convención cuenta con cuatro pilares fundamentales que son los elementos constitutivos de una estrategia global y multidisciplinaria de lucha contra la corrupción y que también exigen la tipificación de una serie de delitos relacionados con la corrupción: el primero pilar son las medidas preventivas (definido en el Capítulo II); el segundo pilar la penalización y aplicación de la ley (definido Capítulo III); el tercer pilar la cooperación internacional (definido en el Capítulo IV); y el cuarto pilar la recuperación de activos (definido en el Capítulo V). 

Hoy recibimos el informe relativo a la implementación del Capítulo II y el Capitulo V, el cual forma parte de los mecanismos de examen de la aplicación de la Convención y tiene como propósito informar sobre los logros las buenas prácticas y los desafíos, así como de las observaciones y las necesidades de asistencia técnica que identifica el país para avanzar en el cumplimiento de los compromisos.

En el Capítulo II se incluyen aspecto relacionados con: Políticas y prácticas preventivas contra la corrupción; Órgano u órganos de prevención de la corrupción; Empleo en el sector público; Financiación política; Códigos de conducta, conflictos de intereses y declaraciones de bienes; Mecanismo de notificación y protección de los denunciantes; Contratación pública; Gestión de la hacienda pública; Acceso a la información y participación de la sociedad; Poder judicial y fiscalía; y Transparencia del sector privado.

En el Capítulo V se incluyen aspecto relacionados con: Medidas contra el lavado de dinero; Medidas de recuperación directa de bienes y herramientas de confiscación; y Cooperación internacional para fines de decomiso.

La percepción de la corrupción en los últimos años en República Dominicana ha mejorado, lo que también ha supuesto una mejora de su posición en el ranking internacional de corrupción.

Según el último informe sobre corrupción gubernamental que publica Transparencia Internacional, la República Dominicana ha obtenido 32 puntos. Con esta puntuación el país mejora su situación hasta la posición número 123, de los 180 países analizados. Pero continúa habiendo mucho por hacer.

Reconocemos el liderazgo del Presidente, su voluntad política y la fuerte determinación de las instituciones del Estado en esta importante labor, y felicitamos muy especialmente el trabajo que viene desarrollando la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Procuraduría General de la Nación, en sus funciones de formación, control, fiscalización, investigación y persecución contra la corrupción.

No hay duda de que están avanzando en la dirección correcta y están generando las transformaciones necesarias y recuperando los valores éticos y morales de la función pública para beneficio del pueblo dominicano. Acciones como la revisión del Código Penal, donde se incluyen aspectos esenciales para el cumplimiento de los compromisos de la Convención, y las iniciativas como Gobierno Abierto, Agenda Digital y la Ley de Extinción de Dominio son una muestra de estos importantes avances.  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, servirán de marco para definir acciones de cooperación y asistencia técnica proveniente de las Naciones Unidas. 

Tengan la seguridad que el Sistema de Naciones Unidas hará todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar al Estado en sus esfuerzos por eliminar el flagelo de la corrupción en la Republica Dominicana. Es un gran reto, pero estamos confiados en que el país podrá lograrlo.

¡Muchas gracias!