El camino de Pamela

En el año 2007, cuando apenas tenía 17 años, Pamela José Vicente se preguntó por primera vez si para ella sería más complicado que para sus compañeras de clase obtener sus documentos de identidad.

A esa edad, acudió a la oficina de registro civil para obtener su cédula y su solicitud fue rechazada: “En la oficialía no sabían darme una respuesta de qué era lo que estaba pasando con mis documentos, solo me decían que no me iban a entregar ni cédula, ni actas para fines escolares. Nada”. Pamela se sentía impotente, con muchas preguntas sin respuestas.

En República Dominicana, la Junta Central Electoral es la institución responsable de emitir actas de nacimiento y cédulas de identidad, indispensables para realizar casi cualquier actividad civil: estudiar, trabajar, cotizar en un seguro de salud, declarar a los hijos e hijas, contraer matrimonio y tener una cuenta bancaria, por ejemplo.

Poco después Pamela dejó de ir a la escuela, ya que desde la dirección de la institución la presionaban constantemente para obtener un certificado que le permitiera seguir asistiendo a clases. Tenía miedo de que el profesor la sacara de la clase frente a sus amigos. Esto afectó enormemente su autoestima.

“Mi vida estuvo detenida casi nueve años. (En ese tiempo) yo pude haber terminado el bachillerato y la universidad”.

Nacida y criada en la provincia de Bayaguana, Pamela comenzó a investigar sobre el tema y se dio cuenta de que estaba lejos de ser la única persona que pasaba por esa situación. Fue así como se unió a diversos movimientos que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y se convirtió en promotora comunitaria en la misma Bayaguana y Monte Plata.

“Cuando yo preguntaba por qué, o qué podía hacer para solucionar el problema, en la oficialía me decían que no sabían, tenía que esperar a ver qué pasaba más adelante”.

Determinada a encontrar soluciones

“Trabajé casi cinco años como doméstica en casas de familia”. Ella recuerda que su círculo familiar, especialmente su padre, tuvo que hacer muchos sacrificios en aquel tiempo para apoyarle a sostener un tratamiento médico que ella requería, ya que no contaba con acceso a la seguridad social, por carecer de documentos. Conseguir su cédula de identidad y electoral dominicana era entonces para Pamela cuestión de vida o muerte.

En el año 2014 fue aprobada la Ley 169-14, un acuerdo pluripartidista del Congreso para mitigar el impacto de la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, un año antes. Esta ley dividió a las personas que podían aplicar en dos grupos: el A, para descendientes de padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional entre 1929 y 2007, e inscritos en los libros del Registro Civil Dominicano; y el grupo B, para descendientes de padres extranjeros en situación irregular, nacidos en República Dominicana y que no estaban inscritos en el Registro Civil.

Finalmente, Pamela consiguió su documento a finales de 2015, a la edad de 25 años, gracias a la Ley 169-14 y a su determinación y experiencia trabajando en la promoción comunitaria. Cuando recibió su identificación, su primer pensamiento fue: “Finalmente existo. Ahora soy alguien. Y lo primero que hice fue algo tan simple como ir a comprarme un chip para el teléfono a mi nombre”.

Compromiso desde Naciones Unidas

Pamela actualmente estudia Relaciones Internacionales. En 2015, comenzó a trabajar en la Organización Internacional para las Migraciones. Allí estuvo apoyando, junto al ACNUR, el levantamiento de información sobre descendientes de población migrante nacidos en República Dominicana antes del cambio constitucional de 2010, que no habían podido acceder al Plan de Naturalización establecido por el Estado a través de la Ley 169-14.

Actualmente Pamela trabaja en ACNUR, donde se desempeña como Asistente de Protección, monitoreando la frontera, identificando beneficiarios de la Ley 169-14 (Grupo A y B) y otras personas afectadas por la sentencia 168-13, abogando por sus derechos y ofreciendo protección a las personas dominicanas en búsqueda de una solución de nacionalidad.

“Ser parte de Naciones Unidas significa resiliencia. Significa un logro porque trabajé muy duro para ello. A pesar de que tuve dificultades con la confirmación de mi nacionalidad dominicana, no me detuve. Hubo cosas que no pude hacer, pero no utilicé esto como excusa. Para mí es un gran logro que de ser una afectada por la sentencia 168-13, hoy en día soy parte del equipo que busca una solución inclusiva de nacionalidad”.

Su mensaje para quienes aún se encuentran en búsqueda de una solución de nacionalidad es “Empodérate, no temas defender tus derechos, hacer preguntas y exigir explicaciones, todo el mundo tiene derecho a una identidad”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) continúa trabajando con las autoridades dominicanas en la implementación de la ley 169-14 y en la búsqueda de soluciones para garantizar que todas las personas nacidas en el país antes del cambio constitucional de 2010, y que fueron privadas de la ciudadanía debido al estatus migratorio de sus padres, puedan disfrutar plenamente de sus derechos en respeto de la legislación nacional y los tratados internacionales. Este objetivo, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), busca no dejar a nadie atrás y garantizar el derecho a la nacionalidad para todas las personas.