Palabras del Coordinador Residente en la firma del Memorándum de Entendimiento con el Estado dominicano para la lucha contra la corrupción

Nos complace mucho firmar hoy el Memorando de Entendimiento entre el Estado dominicano y nuestra Organización, para el establecimiento de un marco de cooperación para luchar integralmente contra la corrupción y otros delitos conexos, apoyando los esfuerzos nacionales en la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia.

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países del mundo, profundiza las brechas sociales, contribuye a la inestabilidad gubernamental, socava las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y alimenta el crimen organizado, la violencia y la inseguridad.

La corrupción ha tenido siempre un impacto negativo en el estado de derecho, la seguridad y la gobernanza, negando a las personas el acceso a servicios y oportunidades.

La corrupción afecta negativamente la salud, la educación y el bienestar de todo el país y alimenta la ira y la frustración en toda la población. Lo hemos vivido muy intensamente en estos últimos años en nuestra región.    

Los escándalos de corrupción sistémica, que también ha manchado a la Republica Dominicana, han generado masivas manifestaciones sociales exigiendo la transparencia en el gasto público, la eliminación de la cultura del privilegio, el tráfico de influencias, el abuso de poder y la lucha contra la impunidad.

En la coyuntura actual, la amenaza de corrupción se está viendo exacerbada por la pandemia en todos los rincones del planeta.

Las pérdidas económicas y los efectos sociales, económicos e institucionales de la pandemia exigirán recursos financieros adicionales para asegurar una recuperación socioeconómica más inclusiva, resiliente y sostenible.

Una estrategia efectiva de prevención y lucha contra la corrupción, generará un impacto positivo en el bienestar de la población y la estabilidad política y económica del país.

Anticipando esta situación el Secretario General de las Naciones Unidas durante la presentación de su Informe de Políticas sobre el Impacto de la COVID19 en América Latina y el Caribe, a mediados de este año, hizo un llamado por "un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como una presencia efectiva, responsable y receptiva del Estado en todos los territorios".

El Secretario General recordó además que la corrupción amenaza el bienestar de nuestra sociedad, el futuro de nuestros hijos y la salud del planeta y que esta debe ser combatida por todos y para beneficio de todos.

Para esto, nuestra Organización estableció recientemente un grupo de trabajo apoyado por la Unidad de Estado de Derecho de la Oficina del Secretario General, el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (que ejerce la función de custodio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Adicionalmente, contribuyen con acciones estratégicas el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas, la CEPAL, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Oficina de Naciones Unidas de Servicio a Proyectos, el Banco Mundial y el Pacto Global de las Naciones Unidas.

Esta alianza permitirá un abordaje integral y participativo, donde las instituciones del estado, el sector empresarial, la sociedad civil y nuestra organización sumaremos esfuerzos y actuaremos juntos para establecer el ambiente propicio que le permita al país consolidar un estado de derecho, donde la transparencia, el acceso a la justicia, los principios y valores morales de la función pública se constituyan en el pilar central para una gobernabilidad responsable e inclusiva.                 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, servirán de marco para definir acciones de cooperación y asistencia técnica proveniente de las Naciones Unidas. 

Ofreceremos apoyo a las instituciones encargadas de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y ejercen una función de control, fiscalización, investigación y persecución, con quienes firmamos hoy este acuerdo: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Procuraduría General de la República.

Pero también promoveremos alianzas con otros organismos de control, la defensoría del pueblo, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado, para fortalecer la capacidad nacional para llevar a cabo auditorías sociales, denunciar prácticas delictivas y promover principios de integridad y medidas anticorrupción.

Estas esferas de la cooperación que firmamos el día de hoy representan la voluntad e iniciativa del Estado de velar por la protección de los derechos humanos de los más vulnerables, para no dejar a nadie atrás.     

Muchas gracias.