Alicia (31) nació en Ciudad Bolívar, 590 kilómetros al sur de Caracas, en Venezuela.
Fue adoptada por una madre dominicana que vivió en Venezuela. Durante parte de su niñez y juventud Alicia pasó varias temporadas viviendo entre su país natal y la ciudad de San Cristóbal, en República Dominicana.
Salió de manera permanente de Venezuela debido al constante conflicto que tenía con el padre de sus dos primeros hijos, unos gemelos. Ellos nacieron en República Dominicana y ya tienen 9 años. Luego vinieron dos más, un niño de 7 años y la pequeña de 2 años.
“Aquí he limpiado casas, he lavado, trabajé como vendedora de helados. Me decían que me iban a pagar un monto y resultaba ser la mitad”, cuenta Alicia, quien por falta de documentos no ha podido acceder a un empleo digno.
La comunidad venezolana constituye la segunda en importancia numérica entre la población refugiada y migrante en República Dominicana, y es el grupo que se ha incrementado más rápidamente en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes[1], más del 53% de esta población está compuesta por mujeres y solo el 11% cuenta con un documento de identidad expedido por la República Dominicana (cédula de identidad y/o electoral).
A pesar de haber sido reconocida como hija por su madre adoptiva dominicana, ella no tiene documentos que la acrediten como nacional dominicana, ni sus hijos tampoco. Por eso se acogió al Plan de Regularización de Extranjeros implementado por el Estado dominicano entre 2014 y 2015, pero aún no ha podido regularizar su estatus migratorio.
Su situación se complica más cuando admite no tener documentos de Venezuela con los que pueda tramitar la nacionalidad dominicana: “allá en Caicara (al sur de Venezuela) todas esas oficinas están cerradas”, admite Hernández.
La vida de Alicia en República Dominicana incluye episodios como haber tenido que dormir debajo de una mata de mango con sus hijos, o resignarse a no poderles ofrecer medicinas y a veces, ni las tres comidas.
El proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias
Por eso Alicia fue incluida como beneficiaria del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, que tiene el objetivo de estructurar soluciones duraderas para abordar el impacto del desplazamiento de población venezolana hacia República Dominicana. Financiado por la Unión Europea, el proyecto es implementado conjuntamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU Habitat, y se enmarca en la Plataforma Regional de Coordinación Inter- agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V), coordinada en el país por ACNUR y OIM.
Alicia continúa luchando para sacar a sus hijos adelante. Ahora vende flores en el Mercado Modelo de San Cristóbal, gracias al apoyo de una vecina, dueña de una venta de flores: “Ella nunca me ha abandonado, es como segunda una madre para mí. Me dice ‘ven pa’ acá y te ayudas con algo’. Yo voy todos los días y me la busco ahí en el Mercado”.
En su trabajo como vendedora de flores puede hacer 300 pesos al día, “Nunca ha pasado de 500 pesos diarios, pero a veces me vengo con las manos limpias, y tengo que pedir prestado para el pasaje o algo para traerle la cena a mis hijos”.
“La asistencia técnica que el proyecto Ciudades Incluyentes brinda en San Cristóbal y Boca Chica se concentra en la estabilización socio- económica e integración de los refugiados y migrantes en las comunidades de acogida, con un enfoque que aborda las vulnerabilidades existentes en el territorio de forma integral y promueve la convivencia pacífica” afirmó Gabriel Gualano, Jefe de Misión del ACNUR en República Dominicana.
La llegada de Covid-19
La pandemia del Covid-19 también tomó por sorpresa a Alicia. El Mercado Modelo cerró y sin ingresos fijos, su situación se hizo aún más vulnerable.
“La dueña de las flores me dió para comprarle un poquito de comida a mis hijos y después de ahí me han traído funditas de comida los vecinos”.
En estas circunstancias el proyecto Ciudades Incluyentes apoyó a Alicia con una transferencia monetaria que permitió la compra de alimentos, una estufa, un abanico y el pago del alquiler de su casa.
“Me gustaría tener mi casa porque no es fácil pagar la casa hoy y ya mañana deberla otra vez. Tampoco es fácil ver como a las siete de la mañana una persona te toca la puerta diciendo ‘mira, ya se te cumplió la casa, ¿cuándo vas a pagar? o tienes tantos meses de atraso’. Está bien, los dominicanos son buenos pero cada quien alquila su cosa porque lo necesita”, afirma Alicia.
El aporte de la Unión Europea en esta etapa se concentra en paliar los efectos de la pandemia:
“Siempre solidarios y abiertos a apoyar las personas más vulnerables, incluyendo a la población refugiada y migrante, para que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana”, comentó Gianluca Grippa, Embajador de la Unión Europea en el país.
Alicia extraña Venezuela, pero sabe que al menos sus hijos van a la escuela pública y tiene una mínima oportunidad de que, cuando la situación mejore, pueda pagar el tratamiento por diabetes de uno de sus hijos: “Con un trabajo yo sé que podría sacar a mis hijos adelante. Uno donde pueda ganar dignamente, no pido mucho, sino lo suficiente para pagar la casa y darle los tres panes a mis hijos”, concluyó.
[1] Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en RD: https://bit.ly/2Y7YvoK