Naciones Unidas en República Dominicana

En República Dominicana, el Sistema de las Naciones Unidas trabaja de la mano con el Gobierno Dominicano y la Comisión Inter-institucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS). Esta Comisión, creada por Decreto Presidencial, encaminara las diligencias y procesos que sean pertinentes para promover la Agenda 2030 como marco de acción a favor de la prosperidad de las personas, del país y del planeta, complementando así los objetivos y las metas de desarrollo contenidas en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

Publicación

29 septiembre 2021

Resumen Ejecutivo: Evaluación de “Necesidades de Recuperación por los Impactos de la COVID-19”

La “Evaluación de Necesidades de Recuperación por los Impactos de la COVID-19” (CRNA por sus siglas en inglés), es un ejercicio solicitado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a los Organismos Internacionales, con el propósito de contar con datos confiables y evidencias para orientar la formulación de estrategias de recuperación de corto y largo plazo, y así enmarcarlas en los planes nacionales y locales de desarrollo y la programación plurianual del sector público. En el documento se plantea una recuperación innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada de los impactos humanos, sociales y económicos que proteja a los más vulnerables y acelere el cambio para la construcción de un país próspero, incluyente y resiliente con calidad de vida para todas las personas.

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Historia

13 abril 2021

RD intercambia experiencias con países de Latinoamérica sobre la constitucionalidad de las tres causales para proteger los derechos humanos de las mujeres

La plataforma Más Mujeres, Más Democracia realizó el webinar “Derechos, Constitución y Tres Causales” en el cual se generó un diálogo y análisis sobre los derechos humanos, la salud y el respeto a la dignidad de las mujeres a partir de la Constitución Política de la República Dominicana y de la experiencia comparada de derecho constitucional chileno y colombiano. El panel de expertos estuvo integrado por la jueza de ética del Colegio de Abogados de Chile, Verónica Undurraga; la especialista en derecho constitucional de Colombia, Diana Guzmán; la especialista en derecho público y penal dominicano, Laura Acosta, y el diputado del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez. En el webinar, se promovió una discusión sobre la propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales que están directamente relacionadas con la protección de los derechos humanos, la salud y dignidad de la mujer: i) cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer; ii) cuando sea fruto de una violación o incesto; o iii) cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Al inaugurar el evento, el Sistema de Naciones Unidas reiteró que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se le recomendó a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales. En 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a implementarlas. La jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez abogó por una reforma penal integral, apegada a los derechos humanos de las mujeres, y señaló que “un código penal sin causales es un código que sanciona a las mujeres cuando ejercen su derecho a decidir, pero sobre todo les impide salvaguardar su vida y su dignidad”. Durante su intervención, las expertas internacionales abordaron los principales argumentos jurídicos y constitucionales que en sus respectivos países permitieron la despenalización del aborto en sus tres causales. La jueza chilena Verónica Undurraga, argumentó sobre la importancia de aplicar medidas eficaces ya que “no existe una relación directa entre la penalización del aborto y la menor cantidad de abortos” y enfatizó en la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad ya que, si bien “la Constitución chilena ordena proteger la vida prenatal, no está ordenando penalizar y que la puede proteger con otras medidas”. También reiteró la importancia de reconocer que en derecho penal “no todo lo moralmente reprochable, debe penalizarse” y que la Constitución debe simultáneamente proteger los derechos fundamentales de la mujer, incluyendo los derechos a su salud. En tanto, Diana Guzmán, comentó que la Corte Constitucional colombiana al considerar la despenalización parcial del aborto en sus tres causales, se centró en argumentos basados en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos y la dignidad de la mujer, los que se sintetizan en un párrafo de la sentencia de despenalización del aborto en Colombia (C-355/06) que señala que la penalización del aborto en sus tres causales “significa la anulación de los derechos fundamentales de la mujer, y en esa medida supone desconocer su dignidad y reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos o de intereses constitucionales relevantes que ameriten protección”. La doctora Laura Acosta precisó que “la técnica legislativa y de interpretación constitucional debe ser realizada en consonancia con los demás derechos consagrados en la misma constitución” y no exclusivamente con el artículo 37 que reconoce el derecho a la vida. También señaló que dos de las tres causales que eximen de responsabilidad penal por la terminación del embarazo cuando hay peligro de muerte de la mujer y cuando el feto es inviable, atañen al artículo 37 “que de ser aplicado de manera estricta debe dar como resultado la posibilidad de despenalización del aborto.” En cuanto a la tercera causal que incluye la despenalización de la interrupción del embarazo que resulta de violación, incesto o inseminación artificial no consentida, señaló que “igual que ocurre con los casos de Chile y Colombia nos encontramos frente a una colisión frente al derecho a la vida, y el derecho a la dignidad de la mujer y al libre desarrollo de su personalidad” y precisó además que “nuestra Constitución pone como fundamento el respeto a la dignidad humana”. Al concluir, la panelista se refirió a los artículos 5, 38, 40 (numeral 15) y 42 de la Constitución, relacionados con los derechos a la dignidad humana, la libertad, la justicia y la integridad personal y manifestó que “es indiscutible que la penalización del aborto en las tres causales propuestas afecta la dignidad consagrada en la misma Constitución”. Finalmente, el legislador José Horacio Rodríguez precisó que la opción de excluir las tres causales del proyecto de Código Penal, con el argumento de elaborar una ley especial para este efecto, es “una medida dilatoria” y abogó por una reforma penal integral enfatizando la importancia de la inclusión de las tres causales en la propuesta que está siento estudiada en el Congreso. También llamó la atención sobre la desproporción en la composición de la Comisión de Justicia que estudió el proyecto de Código Penal y que recomendó excluir las causales, señalando que estuvo compuesta por 15 parlamentarios, de los cuales solo una era mujer. En sus palabras de cierre, la directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Syra Taveras indicó que “la vida, la salud y la dignidad son derechos fundamentales que seguirán siendo vulnerados mientras haya una ley penal que nos obligue a morir o a desproteger la salud de las mujeres; aprobar las tres causales no obliga a nadie a realizarse un aborto. Sin embargo, prohibirlo en todas las circunstancias aprobando un Código Penal sin causales, está obligando a mujeres a morir, y por eso las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil continuaremos reclamando que las causales van, hasta que estén”. En República Dominicana, 20 de cada 100 muertes maternas son producto de abortos inseguros, según un informe del Centro de Estudios de Género de INTEC. Esta desalentadora realidad afecta principalmente a las mujeres víctimas de violencia y en condición de vulnerabilidad y pobreza. En este sentido, la penalización absoluta del aborto es un impedimento para garantizar los derechos humanos, la salud y la dignidad de las mujeres. Esta realidad también afecta el cumplimiento de la Agenda 2030 y particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco que pretende “Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos y busca fomentar políticas eficaces y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”. Más Mujeres, Más Democracia es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), junto al Ministerio de la Mujer, y cuenta con la participación del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). - El panel completo está disponible aquí (video) -

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29 marzo 2021

ACNUR y UNICEF entregan kits de alimentos e higiene a poblaciones vulnerables en la zona fronteriza

Santo Domingo, República Dominicana. - Más de 1,200 personas en situaciones vulnerables y en riesgo de inseguridad alimentaria, de las provincias de Monte Cristi, Dajabón, Independencia y Bahoruco, recibieron kits de alimentación e higiene provistas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a través de sus socios locales, y con la asistencia financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Los kits de alimentación e higiene fueron dirigidos a personas vulnerables de ambos organismos internacionales, tales como: personas adultas mayores, mujeres embarazadas; niños, niñas y adolescentes, al igual que adultos de diferentes perfiles, incluyendo personas dominicanas de ascendencia haitiana que esperan soluciones de nacionalidad, y cuya falta de documentación les imposibilita acceder a los programas de protección social del Estado dominicano. “La pandemia aún genera efectos adversos para todas las personas, especialmente en aquellas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por eso, el trabajo del ACNUR junto a UNICEF a través de los socios locales es garantizar la protección a quienes se encuentran más atrás”, comentó Gabriel Godoy, Jefe de Misión del ACNUR. Los insumos alimenticios estaban compuestos por tres (3) paquetes de arroz fortificado de 10 libras, cuatro (4) paquetes de pasta enriquecida, un (1) litro de aceite vegetal, sal, tres (3) libras de azúcar, cuatro (4) libras de habichuelas grano seco, cuatro (4) latas de sardinas en salsa de tomate, seis (6) litros de leche de vaca integra fluida de larga duración. Mientras que los kits de higiene contenían mascarillas, guantes, gel antibacterial, alcohol para desinfectar; cloro para la limpieza del hogar y la ropa, así como jabón para el lavado de manos y de vestimentas. “UNICEF, como parte de la respuesta ante la emergencia está y ha estado trabajando en la mitigación de los efectos secundarios de la pandemia con intervenciones en salud, nutrición, educación y protección de los niños y niñas contra la violencia, y es gracias a la generosidad de la USAID que logramos llevar a cabo esta iniciativa conjunta de suministros e insumos de higiene y alimentos para niños, niñas, adolescentes en situaciones vulnerables, incluidas sus familias ”, dijo la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, doctora Rosa Elcarte. Este apoyo busca mejorar la seguridad alimentaria de 400 familias, 200 de las cuales viven en las comunidades de Palomita, Jaramillo, Rancheadero, Santa María, Barrio Norte, La Mara y Castañuela, todas comunidades cercanas a la frontera. Los 200 paquetes restantes fueron distribuidos en diversas comunidades de las provincias de Bahoruco e Independencia. Se destaca que las entregas efectuadas en estas zonas fueron coordinadas por las organizaciones sociales ASCALA y CEDESO, ambas aliadas del ACNUR, y que los fondos destinados a la compra y preparación de estos kits fueron provistos por la USAID.

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11 noviembre 2021

ACNUR y socios entregan artículos básicos de socorro a 6,880 personas en el país

República Dominicana-. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el apoyo de sus socios locales, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), la Asociación Scalabriniana (ASCALA) y Heartlland Alliance International (HAI) entregaron 1479 kits de artículos básicos de socorro a un total de 6,880 personas en el país. El kit de artículos básicos de socorro está compuesto de una lámpara solar, un mosquitero de larga duración y artículos de cocina de acero inoxidable. “Hemos coordinado esta asistencia con los socios locales en nueve provincias de la República Dominicana, empezando con la gente que tiene mayores vulnerabilidades: personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, niñez en situación vulnerable. Para nosotros es una acción de protección fundamental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 2”, afirmó Gabriel Godoy, Jefe de Misión del ACNUR en República Dominicana. El ACNUR trabaja para llegar a las personas que han sido más afectadas por la crisis económica generada por la pandemia. “Fuimos casa por casa y evaluamos las necesidades de las personas. Los ítems entregados garantizan una fuente de energía permanente y de protección en estos contextos”, comentó la hermana María Eugenia Vázquez, directora de ASCALA. La alianza de ACNUR con estos socios garantiza que los kits llegan a comunidades vulnerables en Barahona, Monte Plata, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Valverde, Puerto Plata, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo “La población con la que trabajamos vive en comunidades remotas con limitado acceso a la energía eléctrica, por lo que las lámparas solares entregadas les garantizará contar con una fuente de energía permanente y sustentable”, cerró Alexander Vallejo, director de HAI. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es una organización internacional dedicada a salvar las vidas, salvaguardar derechos fundamentales y construir un futuro mejor para los refugiados, los solicitantes de asilo y otras personas en necesidad de protección.

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Historia

03 noviembre 2021

UNICEF exhorta a los legisladores a eliminar del borrador del Código Penal la permisión de la disciplina violenta

Santo Domingo, R.D.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha colaborado durante varios meses, de manera conjunta con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, asegurando que el Código Penal protegiera a los niños y niñas contra todo tipo de violencia. Sin embargo, en el borrador actual, se han incluido modificaciones que son preocupantes para la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, la representante de UNICEF en el país, doctora Rosa Elcarte, señaló que “el Código Penal debe proteger a la niñez contra la disciplina violenta, y que la violencia nunca es ni será la solución, pues no educa, no ayuda y no debe ser tolerada”. Enfatizó que “en un país de renta media alta, con el nivel de desarrollo social y económico que tiene República Dominicana, no puede permitirse tener un Código Penal, en pleno sigo XXI, que autorice que los padres golpeen o maltraten a sus hijos, como se hacía en décadas pasadas”. En esta nación, la disciplina violenta contra los niños, niñas y adolescentes suele darse en la familia, por parte de quienes deberían cuidarles, respetarles y amarlos. Esto, aunque sea parte de la tradición de algunas familias, es preciso que conozcan que los estudios de la neurociencia demuestran que los niños que sufren violencia y son maltratados tienen un peor desarrollo neuronal, que de hecho se evidencia a través de resonancias magnéticas. Asimismo, estas evidencias señalan que los infantes que son víctimas de disciplina violenta son más propensos a sufrir ansiedad o depresión, y tienden a reproducir la violencia en su futura familia y en la sociedad. Además, la ENHOGAR MICS 2019, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con el apoyo de UNICEF, mostró una dramática realidad, y es que, en territorio dominicano, el porcentaje más alto de niños que sufren disciplina violenta se da entre los 3 y 4 años. La neurociencia, también pone en evidencia que en los primeros años de vida de un individuo es cuando se produce un mayor desarrollo cerebral, facilitándose el aprendizaje posterior y fortaleciéndose la relación social, lo que marca de manera rotunda el futuro de las personas. Y es en esa etapa, la de mayor importancia para el desarrollo de una persona, cuando el porcentaje de niños y niñas que sufren violencia es el más alto; su existencia está marcada por los abusos y los sufrimientos dentro de sus familias. Una de las modificaciones, recientemente incluidas en el Código Penal, es un párrafo del artículo 123 que permite la disciplina violenta en el hogar. Esta modificación implica un retroceso sobre la legislación vigente, Ley 24-97 de violencia intrafamiliar y la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Adicionalmente, tampoco cumple con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para República Dominicana, que indican que “que el país debería prohibir de manera explícita, la violencia física en todos los entornos”. Esta modificación, incluso, no es consecuente con los compromisos internacionales sobre los derechos de los niños y niñas, asumidos por el país con la ratificación la Convención de los Derechos del Niño. Este compromiso, a la luz de la constitución dominicana, tiene jerarquía constitucional, por lo tanto, ninguna ley; ni siquiera el Código Penal, debería ir en contra de las disposiciones de este tratado. A su vez, el texto constitucional establece el principio del interés superior del niño, y de aprobarse el Código Penal permitiendo la disciplina violenta, por ende, se estaría violando la Carta Magna. De igual modo, este proyecto de ley no se encuentra de acuerdo con el compromiso del país de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 16, ni con la Estrategia Nacional de Desarrollo. “Si la sociedad dominicana quiere poner fin a la violencia en el país, deber romper el círculo intergeneracional de la violencia, y para ellos debe dar los pasos necesarios, empezando por contar con un Código Penal que no permita la disciplina violenta”, asegura Elcarte.

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10 noviembre 2021

Gobierno dominicano y Sistema de Naciones Unidas realizan segundo diálogo político para agenda común

Santo Domingo.– Con el objetivo de visualizar oportunidades para el país orientadas a lograr la implementación de las políticas públicas prioritarias, el Gobierno dominicano y el Sistema de las Naciones Unidas realizaron por segunda ocasión el Diálogo Político; organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). La reunión estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez; la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel; y el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Mauricio Ramírez Villegas. “Desde este Ministerio de Relaciones Exteriores estamos convencidos de que los esfuerzos de la comunidad internacional, a través del multilateralismo, para ampliar la cooperación entre gobiernos y enfrentar los desafíos generados por la pandemia, deben continuar”, dijo el viceministro Rubén Silié, quien posteriormente destacó el apoyo y acompañamiento del Sistema de las Naciones Unidas en la implementación de la agenda 2030, para la consecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este diálogo estratégico contó además con la participación del viceministro del Ministerio de Economía, Pavel Isa, quien presentó los retos país de cara a los resultados del reciente Informe Voluntario y las prioridades de República Dominicana identificadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), con la finalidad de involucrar a todos los actores del sistema y alinear los esfuerzos de las diferentes agencias de las Naciones Unidas. “Con la realización de este evento fortalecemos e impulsamos una agenda articulada entre las agencias del sistema de las Naciones Unidas y nuestras misiones diplomáticas, quienes llevan la responsabilidad de impulsar en los espacios multilaterales las prioridades de políticas públicas que ha definido el Gobierno dominicano a nivel país”, valoró la viceministra Olaya Dotel. Las áreas estratégicas sobre las cuales se desarrolló el diálogo fueron: brechas estructurales y vulnerabilidades sociales; sistema sanitario resiliente; vulnerabilidad climática; seguridad ciudadana; educación y cultura. Durante sus palabras en la apertura del diálogo, Mauricio Ramírez Villegas dijo “desde Naciones Unidas estamos comprometidos en generar alianzas con múltiples actores a fin de garantizar una mayor interacción y una respuesta eficaz y complementaria a nuestros retos comunes”. El Coordinador Residente también presentó en este escenario el proceso de formulación del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2023-2027. En el evento, que contó con la participación de los embajadores y representantes permanentes de las misiones dominicanas acreditadas ante organismos internacionales, se identificaron los retos que enfrentan las misiones multilaterales de cara a las prioridades gubernamentales. Así mismo, estuvieron presentes los representantes de las diferentes agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas en el país.

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10 noviembre 2021

Estudio revela desafíos pendientes para personas con discapacidad en la República Dominicana

Santo Domingo.- El Sistema de las Naciones Unidas junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) presentan estudio sobre la situación de las personas con discapacidad, el cual destaca el limitado acceso a servicios sociales de las personas con discapacidad en la República Dominicana. El bajo acceso a empleo, salud y educación de manera digna e inclusiva y la exclusión del sistema de protección social son parte de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el país según sus principales hallazgos (SIUBEN 2018). El estudio se desarrolló en el marco del proyecto “Creación de capacidades nacionales para la inclusión social de las personas con discapacidad en la educación, el empleo y la participación en la República Dominicana” ejecutado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para Promover la Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD; por sus siglas en inglés). Según el estudio, 140,980 personas registradas en el SIUBEN tienen al menos una discapacidad, de las cuales, el 35.7% con 15 años o más no sabían leer ni escribir. Asimismo, se registró que el 92.4% de las personas con discapacidad, entre las edades de 5 a 21 años, no asiste a la escuela. En cuanto al acceso al empleo, más de 8 de cada 10 personas con discapacidad de 18 años o más están fuera del mercado de trabajo, a diferencia de las personas sin discapacidad donde esta proporción corresponde a solo 3 de cada 10 personas. Además, en el limitado grupo de personas con discapacidad que labora, el 37.7% no tiene un trabajo fijo, sino que lo hace de manera ocasional y el 12.7% lo hace de manera temporal. En tanto, 6 de cada 10 personas con discapacidad dijeron que enfrentaban mucha dificultad para trabajar y generar ingresos o que no podían hacerlo. Cuando se indagó entre las personas con discapacidad si experimentaban alguna dificultad para recibir atenciones de salud, la mayoría respondió de manera afirmativa, con el 12.6% reportando que no puede hacerlo, el 20.7% que tiene mucha dificultad y el 22.3% que tiene alguna dificultad. Los datos del SIUBEN indican que las personas con algún tipo de discapacidad se distribuyen desigualmente según el sexo y el grupo de edad. La situación de discapacidad es ligeramente más común en las mujeres que en hombres, incrementándose con la edad, sobre todo a partir de los 60 años. El estudio buscar aportar en la disponibilidad de información sobre la niñez y persona adulta con discapacidad en el país, como un aporte al fortalecimiento de la capacidad nacional para diseñar políticas públicas basadas en el desarrollo humano inclusivo, que garantice el acceso de las personas con discapacidad a una educación de calidad, empleo digno y oportunidades de participación social. Sobre el estudio Para el análisis cuantitativo realizado se utilizó como fuente de datos el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares 2018 del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Este es el último levantamiento de carácter masivo de información socioeconómica realizado en el país, que además integró en el instrumento de levantamiento las preguntas del set corto del Grupo Washington (GW) para identificar la población con discapacidad. La base de datos del Estudio SIUBEN 2018 certificada a junio 2020 contiene información de un total de 2,042,006 de hogares en condición de vulnerabilidad, equivalente a 6,182,098 personas, lo cual representa aproximadamente el 62.0% de la población nacional. A partir de este universo, se identificó, con base al método del Grupo de Washington, a las personas con discapacidad que tienen mucha dificultad o que no pueden hacerlo, resultando un total de 128,093 hogares en el territorio nacional en los cuales se indicó que había al menos una persona con discapacidad, equivalente a un 6.3% de todos los hogares entrevistados. En cuanto al total de personas que reporta alguna discapacidad, se encontraron unas 140,908 lo que representa el 2.3% del total de la población registrada en el SIUBEN. Documentos para descargar: Estudio completo: https://bit.ly/EstudioPCDRD Resumen ejecutivo: https://bit.ly/Resumen_EstudioPCDRD

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25 noviembre 2021

Mensaje del Sistema de las Naciones Unidas en el Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres

La eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la cuestión de derechos humanos más urgente para la República Dominicana. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, República Dominicana fue en 2020 el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 2.4 mujeres asesinadas por cada 100,000 mujeres. La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad y se están agravando las desigualdades de género ya existentes. Así, se han exacerbado los factores de riesgo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y se han reforzado muchas de las causas fundamentales de desigualdad, como los estereotipos de género y normas sociales perjudiciales, que aumentan el riesgo de la mujeres y niñas de sufrir todo tipo de violencias. Para asegurar que ninguna mujer o niña sea víctima de violencia son necesarios enfoques y estrategias integrales e inclusivos, que puedan adaptarse a contextos que cambian rápidamente y que aborden las causas profundas de la violencia. Sin embargo, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer encuentra a la sociedad dominicana enfrentando importantes desafíos en relación con los marcos legales vigentes. Estos marcos legales deberían ser instrumentos para la protección de las mujeres, las niñas y las adolescentes, sin importar su condición social o nacionalidad, así como para la disuasión, la prevención y la represión de las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres. La República Dominicana requiere de una Ley integral que dé respuesta a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como de un Código Penal, que protejan íntegramente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo sus derechos a la salud y su dignidad, y que tipifiquen el delito de feminicidio. Es necesario avanzar en la implementación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en el logro de las Metas de los ODS relacionadas con la salud y el bienestar, la igualdad de género, la promoción de sociedades pacíficas y la construcción de instituciones eficaces y transparentes, que permitan a la República Dominicana garantizar de forma integral el reconocimiento y la protección de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas. Para esto deben promoverse y producirse movimientos firmes y determinados en pro de los derechos de las mujeres. Sobre los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Los 16 Días de Activismo contra la violencia contra las mujeres y las niñas es una campaña internacional anual que comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y finaliza el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La campana tiene su origen en el primer Instituto de Liderazgo Global de Mujeres en 1991, y este año marca por tanto su 30 aniversario. Más de 6,000 organizaciones en aproximadamente 187 países han participado desde entonces, alcanzando a más de 300 millones de personas. Permite que cada año se coordinen esfuerzos por parte de individuos, instituciones y organizaciones de todo el mundo para reivindicar más esfuerzo en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. En apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil y bajo el liderazgo del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, la campaña UNETE fue lanzada en 2008 como un esfuerzo plurianual destinado a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. La campaña tiene como objetivo pedir y promover la acción mundial para aumentar la concienciación, galvanizar la promoción y crear oportunidades para discutir los desafíos y las soluciones para acabar con la violencia contra la mujer y las niñas. Como en años anteriores, el color naranja se utilizará para representar un futuro más brillante y libre de violencia, y será el lema unificador que recorrerá todas las actividades de esta campaña.

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Comunicado de prensa

15 noviembre 2021

Comunicado de prensa

Santo Domingo.- El Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana es consciente de la complejidad de la situación en Haití y de su posible impacto en el país, así como de la preocupación de la sociedad dominicana frente a la agudización de esta crisis. Reconoce la voluntad y apoya firmemente las acciones del gobierno dominicano en sus esfuerzos para movilizar y solicitar el apoyo de la comunidad internacional a las autoridades y al pueblo haitiano, en la búsqueda de soluciones sostenibles y de una respuesta a la crisis en su dimensión humanitaria, de seguridad y de desarrollo. Además, el Sistema de Naciones Unidas, reconociendo la soberanía del Estado dominicano en materia de gestión y de control fronterizo y migratorio, viene desde hace muchos años colaborando con el fortalecimiento de su política migratoria en un marco de derechos y en cumplimiento de los estándares y convenciones internacionales. En este sentido, seguiremos apoyando todos los esfuerzos en esta dirección. Sin embargo, nos permitimos expresar preocupación por las acciones realizadas recientemente en varias regiones del país por parte de las autoridades, que ponen en riesgo la integridad física y la vida, principalmente de mujeres embarazadas, que buscaban o inclusive ya recibían atención en centros de salud y hospitales, y que han venido siendo detenidas y deportadas. Estas conductas incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales que prohíben la deportación de mujeres embarazadas, lactantes, personas adultas mayores y personas enfermas, y que incluyen procedimientos especiales en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados. El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades del Estado, encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración, a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, y a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad. Finalmente, el Sistema de Naciones Unidas manifiesta su continua voluntad de colaboración y apoyo al Estado dominicano para que las medidas destinadas a abordar la migración irregular y la seguridad se alineen a los estándares internacionales de derechos humanos, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y puedan contribuir al mismo tiempo a preservar las buenas relaciones entre los dos países. Enlaces relacionados: 16 de noviembre - Día Internacional para la Tolerancia La UNESCO hace un frente contra el racismo y la discriminación

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Comunicado de prensa

10 noviembre 2021

La situación en Haití es alarmante, dice la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Haití, mientras el acceso y la asistencia humanitaria a unas 700.000 personas se reducen al mínimo

Puerto Príncipe, Haití- Unas 700,000 personas que necesitan ayuda humanitaria en Haití ya casi no pueden ser apoyadas por las Naciones Unidas debido a la escasez de combustible, según el máximo responsable de la organización humanitaria en el país.
Bruno Lemarquis, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas, dijo que "el actual bloqueo de los suministros de combustible en los puertos marítimos de Puerto Príncipe, la capital de Haití, significa que los socios
humanitarios, incluidas las Naciones Unidas, están encontrando enormes dificultades para seguir prestando asistencia a aproximadamente 700.000 personas en el país, y en particular a los afectados por el terremoto que golpeó el gran sur de Haití el 14 de agosto. A esto se suman los problemas de acceso a la ayuda humanitaria debido a la situación de seguridad. La situación empeora cada día y tiene múltiples consecuencias en la vida cotidiana de las personas, en los transportes, las comunicaciones, los servicios, en particular los sanitarios, las actividades económicas, etc., y es profundamente alarmante. "
Según Naciones Unidas, unos 4,4 millones de personas de una población de unos 11,4 millones necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Por ejemplo, la escasez de combustible podría comprometer el suministro de agua potable en ciertos barrios, especialmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, con, entre otras consecuencias, riesgos para la salud de las poblaciones. La Dra. Maureen Birmingham, representante de la OPS/OMS en Haití, añade que "la escasez de combustible es catastrófica para la salud de la población. Su impacto en las actividades de atención y prevención (como la vacunación), con la drástica reducción de la oferta de servicios en ciertos hospitales y centros de salud, corre el riesgo de traducirse directamente en un aumento de las muertes en el país". Otra consecuencia, el realojamiento de unas 7.000 personas desplazadas por la violencia del pasado mes de junio en Puerto Príncipe también se ha visto frenado por la situación actual.
Las Naciones Unidas y sus socios en Haití siguen comprometidos en ayudar a los necesitados, pero para ello deben poder acceder a ellos. La ONU reitera su llamado urgente a todos los actores de Haití que tienen influencia en la situación actual para que garanticen el suministro de combustible de manera que los servicios vitales, como los hospitales y los servicios de suministro de agua potable puedan satisfacer las necesidades. Para más información, póngase en contacto con Jonathan Boulet-Groulx, Oficina del Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas, Puerto Príncipe, Haití. jonathan.boulet-groulx@one.un.org +509 3685 8610

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Comunicado de prensa

10 noviembre 2021

La ONU insta a los Estados a no deportar a los haitianos y a evaluar sus necesidades de protección

La difícil situación social, económica, política y humanitaria aunada a las catástrofes que han golpeado a Haití en los últimos años, algunas de ellas resultadas del cambio climático y la degradación ambiental, han dado lugar a un desplazamiento masivo de población en ese país durante la década pasada. Esa erradicación de las comunidades no se ha limitado al territorio haitiano, sino que ha generado un éxodo de la isla al continente, donde los haitianos han buscado refugio en distintos países a lo largo de los años. Pero en las últimas semanas se ha observado una migración desde varios puntos hacia la frontera norte de México, por donde buscan entrar a Estados Unidos y se encuentran con rechazo y deportaciones masivas inmediatas. Mecanismos de protección Ante estos acontecimientos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortaron este jueves a los Estados a no expulsar a los haitianos sin haber evaluado sus necesidades de protección, a adoptar un enfoque integral que garantice los derechos humanos de esas personas y a ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares. En un comunicado conjunto, las agencias explicaron que los haitianos que se encuentran desplazados son personas con diferentes necesidades de protección. Detallaron que en ese grupo hay niños no acompañados o separados de sus familias, víctimas de trata y sobrevivientes de violencia de género, por ejemplo. “Algunas de esas personas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados. Otras pueden tener necesidades de protección distintas”, apuntaron los organismos. Asimismo, recordaron que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección con base en las leyes de refugiados y de derechos humanos. Racismo y xenofobia Por otra parte, condenaron el discurso público con tintes discriminatorios que sugiere que la movilidad humana es un problema y llamaron a evitarlo a toda costa puesto que alimenta el racismo y la xenofobia. Las agencias explicaron que sólo en el recién terminado verano boreal se desplazaron al menos 19.000 personas en Puerto Príncipe debido al aumento continuo de la violencia y la inseguridad. Además, los datos de la ONU detallan que más del 20% de la niñez ha sido víctima de violencia sexual y que casi el 24% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos de 1,23 dólares al día. Se estima también que 4,4 millones de personas, o el 46% de la población, padecen inseguridad alimentaria, lo que incluye 1,2 millones de personas que se encuentran en niveles de emergencia y 3,2 millones en niveles de crisis. Unos 217.000 niñas y niños padecen desnutrición moderada o grave. El panorama será peor Los organismos advirtieron que estas cifras empeorarán como resultado del sismo del pasado 14 de agosto y afirmaron que esto limita la capacidad del país para recibir personas retornadas. “Las condiciones en Haití siguen siendo preocupantes, y no propicias para los retornos forzados”, puntualizaron. El sistema de las Naciones Unidas y sus socios asisten a los haitianos dentro y fuera de su país, al igual que en su ruta migratoria . Sin embargo, es urgente hacer mucho más para atender sus necesidades más apremiantes, concluyeron las agencias.

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Comunicado de prensa

21 abril 2021

Comunicado ONU RD sobre actos recientes contra defensoras de tres causales

El Sistema de las Naciones Unidas ve con gran preocupación las alegaciones sobre un intento de intoxicación durante el pasado fin de semana a algunas de las personas defensoras de derechos humanos que lideran el movimiento de la sociedad civil por las tres causales, así como las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre agresiones y uso excesivo o desproporcionado de la fuerza durante la madrugada del día de hoy por parte de agentes policiales. Acogemos con beneplácito la celeridad con que la Procuraduría General de la República inició una investigación preliminar sobre la denuncia de los hechos ocurridos durante el fin de semana y hacemos un llamado a las autoridades competentes a realizar investigaciones oportunas, imparciales e independientes frente a estas alegaciones. De ser confirmados estos hechos, podrían constituir un serio atentado, entre otros, a los derechos humanos a la vida y a la integridad física, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de reunión pacífica y de asociación y revelarían la imperiosa necesidad para el Gobierno de adoptar medidas eficaces para evitar un entorno profundamente hostil, de descrédito y de desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales y periodistas que apoyan la inclusión de las tres causales en la actual reforma al Código Penal. Desde el Sistema de las Naciones Unidas rechazamos y condenamos todo acto de violencia y toda violación o amenaza de violación a los derechos humanos. En este sentido, destacamos la importancia de respetar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, enfatizando que cualquier uso de la fuerza por parte de los agentes policiales sólo es procedente cuando es estrictamente necesario, en una medida equivalente al acto que se pretende disuadir, bajo las hipótesis que el ordenamiento jurídico establece y utilizando los procedimientos y medios reconocidos legalmente. El Sistema de las Naciones Unidas exhorta a todos los actores de la sociedad dominicana a mantener una postura de diálogo inclusivo con todas las partes interesadas y a abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en riesgo el Estado de Derecho, los principios de participación democrática, y vulnerar los derechos humanos en la República Dominicana. El Sistema de las Naciones Unidas reitera que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se recomienda a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales. En 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a implementarlas. La jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo reitera la importancia de asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, como parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a su dignidad y otros derechos humanos fundamentales.

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