Santo Domingo.-  La República Dominicana recibe, por primera vez, el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Fondo ODS), de carácter no reembolsable, con la finalidad de apoyar el diseño y la implementación del piloto de Comunidades de Cuidado como parte de la Política Nacional de Cuidados que realiza la presente gestión de Gobierno. En ese sentido, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, y el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Mauricio Ramírez Villegas, firmaron un acuerdo de cooperación, que dispondrá por un período de dos años la movilización de USD 913,081.00 para la ejecución, compuesto por la contribución del Fondo de USD 725,400.00, más los aportes en cofinanciamiento por parte de las agencias PNUD, OIT, UNFPA y ONU Mujeres de USD 187,681. En el piloto de Comunidades de Cuidados, al que aportará el Fondo ODS, une esfuerzos de 11 instituciones gubernamentales integradas por los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y la de la Mujer; el Programa Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP). Con esta iniciativa, el país avanzará en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidado, que contribuirá a la estrategia de reducción de la pobreza y a la aceleración en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado dominicano, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. El ministro Ceara Hatton explicó que el modelo de desarrollo centrado en mejorar la calidad de vida de las personas implica no solo garantizar alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, protección social y otros derechos inherentes al ser humano, también un Estado más presente, que garantice el derecho al cuidado y a cuidar dignamente. “Se trata de reconocer el cuidado como un asunto público, colectivo y de primera importancia en materia económica y social, ampliando los servicios públicos que atienden a distintas poblaciones que demandan cuidados y a las que se dedican al cuidado”, precisó. En tanto que el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Mauricio Ramírez Villegas, señaló que “el trabajo de cuidado no remunerado de mujeres y niñas ha aumentado drásticamente debido al confinamiento, al cierre de escuelas y guarderías, y al aumento de necesidades para el cuidado de personas mayores y otros grupos vulnerables. Con el apoyo del Programa Conjunto, se espera que las acciones piloto avancen en el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado, promoviendo una responsabilidad compartida y un papel reforzado del Estado como garante y protector de los derechos humanos”. Piloto de Comunidades de Cuidado De acuerdo con el informe, realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cerca 850,000 personas requieren servicios de cuidado en los hogares participantes en el programa Supérate, incluyendo niños y niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Ante esta demanda, se precisa fortalecer alianzas que contribuyan a redistribuir la corresponsabilidad del cuidado entre el Estado, la comunidad, el sector privado, la familia y, los hombres y las mujeres. A tales fines, el piloto prioriza tres territorios y se materializará con el diseño e implementación de Planes Locales de Cuidado en las provincias Santo Domingo Este, Azua y Bánica. El piloto fortalecerá la coordinación de las instituciones que aportan a los cuidados, desarrollará planes locales para garantizar que niños, niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores puedan acceder a los servicios de cuidado en su localidad, implementará acciones de formación y certificación de cuidadores y cuidadoras, diseñará una estrategia de comunicación para informar a la ciudadanía e instituciones sobre la política nacional, y producirá y gestionará datos y evidencias para la toma de decisiones. La iniciativa se implementará a través de asistencia técnica de las agencias ONU: Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estarán trabajando de la mano con las instituciones del Estado durante los dos años de implementación. Sobre el Fondo Conjunto ODS El Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un instrumento innovador para incentivar los cambios de política transformadores y estimular las inversiones estratégicas necesarias para que el mundo vuelva a encarrilarse para cumplir los ODS. El Secretario General de la ONU considera que el Fondo Conjunto de los ODS es una parte clave de la reforma del trabajo de desarrollo de la ONU al proporcionar el "músculo" para una nueva generación de Coordinadoras/Coordinadores Residentes (CR) y Equipos de País de la ONU para acelerar realmente la implementación de los ODS.

La plataforma Más Mujeres, Más Democracia realizó el webinar “Derechos, Constitución y Tres Causales” en el cual se generó un diálogo y análisis sobre los derechos humanos, la salud y el respeto a la dignidad de las mujeres a partir de la Constitución Política de la República Dominicana y de la experiencia comparada de derecho constitucional chileno y colombiano.   El panel de expertos estuvo integrado por la jueza de ética del Colegio de Abogados de Chile, Verónica Undurraga; la especialista en derecho constitucional de Colombia, Diana Guzmán; la especialista en derecho público y penal dominicano, Laura Acosta, y el diputado del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez. En el webinar, se promovió una discusión sobre la propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales que están directamente relacionadas con la protección de los derechos humanos, la salud y dignidad de la mujer: i) cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer; ii) cuando sea fruto de una violación o incesto; o iii) cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.   Al inaugurar el evento, el Sistema de Naciones Unidas reiteró que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se le recomendó a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales. En 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a implementarlas. La jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez abogó por una reforma penal integral, apegada a los derechos humanos de las mujeres, y señaló que “un código penal sin causales es un código que sanciona a las mujeres cuando ejercen su derecho a decidir, pero sobre todo les impide salvaguardar su vida y su dignidad”. Durante su intervención, las expertas internacionales abordaron los principales argumentos jurídicos y constitucionales que en sus respectivos países permitieron la despenalización del aborto en sus tres causales. La jueza chilena Verónica Undurraga, argumentó sobre la importancia de aplicar medidas eficaces ya que “no existe una relación directa entre la penalización del aborto y la menor cantidad de abortos” y enfatizó en la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad ya que, si bien “la Constitución chilena ordena proteger la vida prenatal, no está ordenando penalizar y que la puede proteger con otras medidas”. También reiteró la importancia de reconocer que en derecho penal “no todo lo moralmente reprochable, debe penalizarse” y que la Constitución debe simultáneamente proteger los derechos fundamentales de la mujer, incluyendo los derechos a su salud.  En tanto, Diana Guzmán, comentó que la Corte Constitucional colombiana al considerar la despenalización parcial del aborto en sus tres causales, se centró en argumentos basados en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos y la dignidad de la mujer, los que se sintetizan en un párrafo de la sentencia de despenalización del aborto en Colombia (C-355/06) que señala que la penalización del aborto en sus tres causales “significa la anulación de los derechos fundamentales de la mujer, y en esa medida supone desconocer su dignidad y reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos o de intereses constitucionales relevantes que ameriten protección”.  La doctora Laura Acosta precisó que “la técnica legislativa y de interpretación constitucional debe ser realizada en consonancia con los demás derechos consagrados en la misma constitución” y no exclusivamente con el artículo 37 que reconoce el derecho a la vida. También señaló que dos de las tres causales que eximen de responsabilidad penal por la terminación del embarazo cuando hay peligro de muerte de la mujer y cuando el feto es inviable, atañen al artículo 37 “que de ser aplicado de manera estricta debe dar como resultado la posibilidad de despenalización del aborto.”    En cuanto a la tercera causal que incluye la despenalización de la interrupción del embarazo que resulta de violación, incesto o inseminación artificial no consentida, señaló que “igual que ocurre con los casos de Chile y Colombia nos encontramos frente a una colisión frente al derecho a la vida, y el derecho a la dignidad de la mujer y al libre desarrollo de su personalidad” y precisó además que “nuestra Constitución pone como fundamento el respeto a la dignidad humana”.  Al concluir, la panelista se refirió a los artículos 5, 38, 40 (numeral 15) y 42 de la Constitución, relacionados con los derechos a la dignidad humana, la libertad, la justicia y la integridad personal y manifestó que “es indiscutible que la penalización del aborto en las tres causales propuestas afecta la dignidad consagrada en la misma Constitución”. Finalmente, el legislador José Horacio Rodríguez precisó que la opción de excluir las tres causales del proyecto de Código Penal, con el argumento de elaborar una ley especial para este efecto, es “una medida dilatoria” y abogó por una reforma penal integral enfatizando la importancia de la inclusión de las tres causales en la propuesta que está siento estudiada en el Congreso. También llamó la atención sobre la desproporción en la composición de la Comisión de Justicia que estudió el proyecto de Código Penal y que recomendó excluir las causales, señalando que estuvo compuesta por 15 parlamentarios, de los cuales solo una era mujer.  En sus palabras de cierre, la directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Syra Taveras indicó que “la vida, la salud y la dignidad son derechos fundamentales que seguirán siendo vulnerados mientras haya una ley penal que nos obligue a morir o a desproteger la salud de las mujeres; aprobar las tres causales no obliga a nadie a realizarse un aborto. Sin embargo, prohibirlo en todas las circunstancias aprobando un Código Penal sin causales, está obligando a mujeres a morir, y por eso las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil continuaremos reclamando que las causales van, hasta que estén”.     En República Dominicana, 20 de cada 100 muertes maternas son producto de abortos inseguros, según un informe del Centro de Estudios de Género de INTEC. Esta desalentadora realidad afecta principalmente a las mujeres víctimas de violencia y en condición de vulnerabilidad y pobreza. En este sentido, la penalización absoluta del aborto es un impedimento para garantizar los derechos humanos, la salud y la dignidad de las mujeres.  Esta realidad también afecta el cumplimiento de la Agenda 2030 y particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco que pretende “Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos y busca fomentar políticas eficaces y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”.   Más Mujeres, Más Democracia es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), junto al Ministerio de la Mujer, y cuenta con la participación del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).   - El panel completo está disponible aquí (video) -

Santo Domingo, República Dominicana. - Más de 1,200 personas en situaciones vulnerables y en riesgo de inseguridad alimentaria, de las provincias de Monte Cristi, Dajabón, Independencia y Bahoruco, recibieron kits de alimentación e higiene provistas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a través de sus socios locales, y con la asistencia financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Los kits de alimentación e higiene fueron dirigidos a personas vulnerables de ambos organismos internacionales, tales como: personas adultas mayores, mujeres embarazadas; niños, niñas y adolescentes, al igual que adultos de diferentes perfiles, incluyendo personas dominicanas de ascendencia haitiana que esperan soluciones de nacionalidad, y cuya falta de documentación les imposibilita acceder a los programas de protección social del Estado dominicano. “La pandemia aún genera efectos adversos para todas las personas, especialmente en aquellas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por eso, el trabajo del ACNUR junto a UNICEF a través de los socios locales es garantizar la protección a quienes se encuentran más atrás”, comentó Gabriel Godoy, Jefe de Misión del ACNUR. Los insumos alimenticios estaban compuestos por tres (3) paquetes de arroz fortificado de 10 libras, cuatro (4) paquetes de pasta enriquecida, un (1) litro de aceite vegetal, sal, tres (3) libras de azúcar, cuatro (4) libras de habichuelas grano seco, cuatro (4) latas de sardinas en salsa de tomate, seis (6) litros de leche de vaca integra fluida de larga duración. Mientras que los kits de higiene contenían mascarillas, guantes, gel antibacterial, alcohol para desinfectar; cloro para la limpieza del hogar y la ropa, así como jabón para el lavado de manos y de vestimentas. “UNICEF, como parte de la respuesta ante la emergencia está y ha estado trabajando en la mitigación de los efectos secundarios de la pandemia con intervenciones en salud, nutrición, educación y protección de los niños y niñas contra la violencia, y es gracias a la generosidad de la USAID que logramos llevar a cabo esta iniciativa conjunta de suministros e insumos de higiene y alimentos para niños, niñas, adolescentes en situaciones vulnerables, incluidas sus familias ”, dijo la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, doctora Rosa Elcarte. Este apoyo busca mejorar la seguridad alimentaria de 400 familias, 200 de las cuales viven en las comunidades de Palomita, Jaramillo, Rancheadero, Santa María, Barrio Norte, La Mara y Castañuela, todas comunidades cercanas a la frontera. Los 200 paquetes restantes fueron distribuidos en diversas comunidades de las provincias de Bahoruco e Independencia. Se destaca que las entregas efectuadas en estas zonas fueron coordinadas por las organizaciones sociales ASCALA y CEDESO, ambas aliadas del ACNUR, y que los fondos destinados a la compra y preparación de estos kits fueron provistos por la USAID.